Sia es una nación de costas y de mar. De sus puertos partieron las primeras expediciones ultramarinas, y sobre las aguas del Mar de Altavent se ha escrito buena parte de su historia comercial y militar. Y, sin embargo, la República carece hasta hoy de una norma que ordene con carácter general sus derechos y deberes sobre el mar: los usos de la navegación, la pesca y los puertos se han regido por costumbres locales, por ordenanzas dispersas y por la práctica de la Armada Sianesa, con la inseguridad que ello comporta.
La Constitución de 1942 constituye a Sia en un Estado social y democrático de Derecho, soberano e independiente, cuya soberanía reside en cuantos lo integran y de la que emanan todos los poderes del Estado (artículo 1), y confía la potestad legislativa al Parlament y la potestad administrativa al Consell General (artículos 10, 17 y 23). Sin embargo, guarda silencio sobre el mar. Esta Ley, aprobada como ley ordinaria conforme al artículo 17, acomete esa tarea.
Ordena, en primer lugar, los espacios marítimos sometidos a la soberanía, a los derechos soberanos y a la jurisdicción de la República: las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más allá de los cuales se abre la alta mar, patrimonio de todas las naciones. Reconoce, en segundo lugar, la libertad de navegación y el derecho de paso inocente de los buques extranjeros. Protege, en tercer lugar, los recursos vivos y no vivos del mar y de su lecho, y el medio marino en su conjunto. Sanciona la piratería, regula el salvamento y las investigaciones científicas, y distribuye las competencias entre el Consell General, la Armada, la administración de puertos y los tribunales.
Las necesidades de la nación avalan la medida. La riqueza pesquera del Mar de Altavent sostiene a las poblaciones de la costa; las rutas comerciales que lo cruzan alimentan los puertos de la República; y los avances de la técnica permiten ya explotar los recursos del lecho y del subsuelo marinos a distancias que la costumbre no previó. Con esta Ley la República se dota de un régimen marítimo moderno, acorde con los usos de las naciones civilizadas, y ofrece a los Estados vecinos un marco claro sobre el que negociar los acuerdos de delimitación y de cooperación que el futuro reclame.
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto. Esta Ley regula los espacios marítimos de la República, los derechos y deberes del Estado y de los demás Estados en ellos, la navegación, el aprovechamiento de los recursos del mar, la protección del medio marino, la seguridad y la jurisdicción marítimas y la organización administrativa del mar.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La Ley se aplica a las aguas interiores, al mar territorial, a la zona contigua, a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental de la República, a los buques que enarbolen su pabellón en cualquier mar y a las personas, bienes y actividades que se encuentren en ellos, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados.
Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta Ley, la milla marina equivale a mil ochocientos cincuenta y dos metros; son aguas adyacentes las contiguas a las costas; son buques las embarcaciones de cualquier clase destinadas a la navegación; y son instalaciones las islas artificiales, estructuras y obras permanentes situadas en el mar.
Artículo 4. Principios. La acción de la República en el mar se rige por los principios de soberanía sobre su territorio marítimo, de libertad de los mares fuera de él, de aprovechamiento racional de los recursos, de protección del medio marino, de resolución pacífica de las controversias y de buena fe en el cumplimiento de los tratados.
Artículo 5. Competencia. Corresponde al Parlament dictar las leyes sobre el mar y aprobar los tratados que se refieran a él; al Consell General, administrar los espacios marítimos, aprobar los reglamentos de esta Ley y negociar los convenios internacionales; y a los tribunales, juzgar de los delitos, faltas y litigios marítimos.
Título II. De los espacios marítimos
Artículo 6. Aguas interiores. Son aguas interiores de la República las situadas en el interior de la línea de base: los puertos, las bahías, las rías y estuarios, y los canales y lagos conectados con el mar. Sobre ellas el Estado ejerce soberanía plena, y los buques extranjeros solo podrán entrar en ellas con arreglo a esta Ley y a los tratados.
Artículo 7. Línea de base. La línea de base normal es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece en las cartas marinas oficiales. En las costas con profundas aberturas o con islas en su proximidad, y en las desembocaduras de los ríos, se trazarán líneas de base rectas entre puntos apropiados, sin apartarse de la dirección general de la costa. Las bahías cuya abertura no exceda de veinticuatro millas se cerrarán con una línea recta. El Consell General aprobará y publicará las cartas.
Artículo 8. Mar territorial. La soberanía del Estado se extiende, más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a una franja adyacente de mar denominada mar territorial, de doce millas marinas de anchura medidas desde la línea de base. Esta soberanía alcanza al espacio aéreo, al lecho y al subsuelo, y se ejerce con arreglo a esta Ley y al derecho de las naciones.
Artículo 9. Zona contigua. Más allá del mar territorial, y hasta las veinticuatro millas marinas desde la línea de base, el Estado podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes aduaneras, fiscales, sanitarias y de inmigración cometidas en su territorio o en su mar territorial, y para proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar.
Artículo 10. Zona económica exclusiva. Se establece una zona económica exclusiva que se extiende más allá del mar territorial y adyacente a este, hasta las doscientas millas marinas contadas desde la línea de base. En ella la República tiene derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos o no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho, del lecho y del subsuelo, y para otras actividades con fines de exploración y explotación económicas, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.
Artículo 11. Jurisdicción en la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva la República tiene jurisdicción para el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, para la investigación científica marina y para la protección y preservación del medio marino, conforme a esta Ley.
Artículo 12. Derechos de otros Estados en la zona económica exclusiva. Todos los Estados gozan en la zona económica exclusiva de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos, y de los demás usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con ellas, siempre que respeten las leyes y reglamentos dictados por la República conforme a esta Ley.
Artículo 13. Plataforma continental. La plataforma continental de la República comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o hasta una distancia de doscientas millas marinas desde la línea de base cuando el borde exterior no llegue a esa distancia. Sobre ella la República ejerce derechos soberanos para su exploración y para la explotación de sus recursos naturales, que son exclusivos y no dependen de ocupación efectiva ni de proclamación expresa.
Artículo 14. Alta mar. Las aguas situadas más allá de la zona económica exclusiva son alta mar, abiertas a todas las naciones. Ningún Estado puede pretender someterlas a su soberanía. Los buques sianeses gozan en ellas de las libertades de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías, de construcción de islas artificiales, de pesca y de investigación científica, con el respeto debido a los derechos de los demás.
Artículo 15. Islas, rocas y arrecifes. Las islas, islotes y arrecifes que pertenezcan a la República generan mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental conforme a esta Ley. Las rocas que no puedan mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.
Artículo 16. Islas artificiales e instalaciones. La República tiene jurisdicción exclusiva sobre las islas artificiales y las instalaciones y estructuras que se establezcan en su zona económica exclusiva y en su plataforma continental. Su construcción requerirá autorización del Consell General, que fijará en torno a ellas zonas de seguridad de hasta quinientos metros de anchura; deberán señalizarse y quedarán desmanteladas al término de su uso.
Título III. De la navegación
Artículo 17. Paso inocente. Los buques de todas las naciones gozan en el mar territorial del derecho de paso inocente. El paso es inocente mientras no perjudique la paz, el buen orden o la seguridad de la República. Comprende la detención y el fondeo cuando sean necesarios por fuerza mayor o para prestar auxilio, y debe ser continuo y rápido.
Artículo 18. Actividades contrarias al paso inocente. Dejará de ser inocente el paso de un buque extranjero que realice en el mar territorial una amenaza o uso de la fuerza, ejercicios o maniobras con armas, recogida de información en perjuicio de la defensa, propaganda, embarco o desembarco de mercancías, personas o dinero con infracción de las leyes aduaneras, fiscales, sanitarias o de inmigración, actos graves de contaminación, pesca, investigación científica o cualquier otra actividad que no esté directamente relacionada con el paso.
Artículo 19. Condiciones del paso. Los submarinos y demás vehículos sumergibles deberán navegar en superficie y mostrar su pabellón. Los buques con propulsión nuclear o que transporten sustancias radiactivas, nocivas o peligrosas llevarán los documentos y observarán las medidas especiales de precaución que el Consell General determine. Este podrá suspender temporalmente el paso inocente en zonas determinadas por razones de seguridad, con la debida publicidad, y establecer vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico.
Artículo 20. Buques de guerra. Los buques de guerra extranjeros que pretendan hacer escala en puertos sianeses lo comunicarán con antelación al Ministerio competente. Los buques de guerra y los demás buques de Estado dedicados a fines no comerciales gozan de inmunidad de jurisdicción, pero deberán observar las leyes y reglamentos de la República en sus aguas y responderán internacionalmente de los daños que causen.
Artículo 21. Estrechos. En los estrechos utilizados para la navegación internacional entre dos partes de alta mar o de zona económica exclusiva, todos los buques y aeronaves gozarán del derecho de paso en tránsito, sin impedimento y de modo continuo y rápido, sin perjuicio de las normas de seguridad y de protección del medio marino que la República dicte conforme a esta Ley y a los tratados.
Artículo 22. Nacionalidad y pabellón. Los buques adquieren la nacionalidad sianesa mediante su matrícula en el Registro Marítimo de la República y enarbolan su pabellón. Solo podrán ser matriculados los buques cuya propiedad pertenezca en más de la mitad a ciudadanos sianeses o a sociedades constituidas con arreglo a las leyes del Estado y con domicilio en él.
Artículo 23. Registro marítimo. El Registro Marítimo, a cargo del Ministerio competente, inscribirá los buques, sus propietarios, sus hipotecas y gravámenes y sus características técnicas. La inscripción es obligatoria para los buques de más de veinte toneladas de arqueo y da fe de la propiedad y de las cargas.
Artículo 24. Seguridad de la navegación. Los buques sianeses deberán cumplir las reglas de abordajes, señales y luces que determine el Consell General, y llevarán los títulos, certificados y diarios de navegación exigidos reglamentariamente. Se mantendrá el servicio de faros, balizas y señales marítimas, y se publicarán avisos a los navegantes y partes meteorológicos.
Artículo 25. Prácticos y remolcadores. En los puertos y en las zonas que el Consell General determine será obligatorio el servicio de práctico para los buques de determinado porte. El remolque y el practicaje se regirán por las tarifas y reglamentos aprobados por el Consell General.
Título IV. De los recursos vivos y de la pesca
Artículo 26. Pesca en las aguas interiores y en el mar territorial. El Estado tiene derecho exclusivo a regular la pesca en las aguas interiores y en el mar territorial. La pesca por buques extranjeros en ellas queda prohibida, salvo que un tratado la autorice.
Artículo 27. Pesca en la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva el Consell General determinará anualmente la captura total permisible de cada especie y la capacidad de captura de la flota sianesa. Cuando exista un excedente, podrá autorizar su explotación por buques extranjeros mediante licencia y pago de las tasas que se establezcan, con preferencia para los Estados vecinos y para los que hayan contribuido a la investigación o a la conservación de la especie.
Artículo 28. Conservación. El Consell General fijará las vedas, las tallas mínimas, las artes autorizadas y las cuotas de captura necesarias para evitar la sobreexplotación y para mantener o restablecer las poblaciones de las especies capturadas, oídas las cofradías de pescadores y los establecimientos científicos del Estado. Se prestará atención especial a las especies migratorias, a las anádromas y a las que dependen de las capturadas.
Artículo 29. Licencias, observadores y control. Los buques extranjeros que pesquen con licencia en la zona económica exclusiva llevarán a bordo los observadores que la autoridad designe, comunicarán sus capturas y posiciones y se someterán a la inspección y a las medidas de ejecución que esta Ley establece. La licencia podrá ser retirada por incumplimiento.
Artículo 30. Acuicultura y pesca costera. El Estado fomentará la acuicultura y la pesca costera artesanal, reservará a ella determinadas zonas de las aguas interiores y del mar territorial y protegerá las cofradías de pescadores, que participarán en la gestión de los recursos mediante el Consejo del Mar.
Título V. De los recursos no vivos y de otras actividades
Artículo 31. Recursos minerales y energéticos. El aprovechamiento de los recursos minerales, de hidrocarburos y de cualquier otra naturaleza del lecho y del subsuelo del mar territorial, de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental requiere concesión del Estado, otorgada por el Consell General con arreglo a la legislación minera y a las condiciones de seguridad y de protección ambiental que se establezcan.
Artículo 32. Energías del mar. El aprovechamiento de la energía de las olas, de las mareas, de las corrientes y de los vientos marinos en la zona económica exclusiva requerirá autorización y se sujetará a las normas sobre instalaciones de esta Ley.
Artículo 33. Cables y tuberías submarinos. Todos los Estados tienen derecho a tender cables y tuberías submarinos en la plataforma continental, con el consentimiento de la República en cuanto al trazado de las tuberías y con la obligación de no dañar los ya existentes. La República podrá adoptar medidas razonables para la exploración y explotación de sus recursos y para prevenir la contaminación.
Artículo 34. Investigación científica marina. La investigación científica marina en las aguas interiores, en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental requerirá autorización previa del Consell General, que la concederá normalmente cuando se realice con fines pacíficos y con intención de aumentar el conocimiento científico en beneficio de todos, y que exigirá la participación de científicos sianeses, la comunicación de los resultados y la retirada de las instalaciones al término de los trabajos.
Artículo 35. Patrimonio cultural subacuático. Los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar territorial, en la zona contigua y en la zona económica exclusiva pertenecen al patrimonio del Estado, que los protegerá. Su extracción requerirá autorización, y quien los descubra deberá ponerlos de inmediato a disposición de la autoridad marítima.
Título VI. De la protección del medio marino
Artículo 36. Deber de protección. El Estado y todos los que operen en los espacios marítimos de la República tienen el deber de proteger y preservar el medio marino, de prevenir, reducir y controlar su contaminación y de evitar los daños a los ecosistemas costeros y a las especies amenazadas.
Artículo 37. Vertidos y contaminación por buques. Queda prohibido verter en las aguas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva sustancias que perjudiquen la salud humana, los recursos vivos o los usos legítimos del mar, y arrojar al mar desechos o residuos desde los buques o desde las instalaciones, salvo los casos que el Consell General autorice con las garantías que establezca. Los buques que causen daños por vertidos responderán de los perjuicios y quedarán sujetos a las sanciones previstas.
Artículo 38. Contaminación procedente de la tierra y de actividades en el lecho. El Consell General dictará las normas necesarias para prevenir la contaminación procedente de fuentes terrestres, de la explotación del lecho marino, de las instalaciones y de la atmósfera, y para reducir los riesgos de las actividades que puedan afectar al medio marino.
Artículo 39. Planes de contingencia y zonas protegidas. La Armada y los servicios de salvamento marítimo mantendrán planes para hacer frente a los vertidos accidentales. El Consell General podrá declarar zonas marinas protegidas, vedar en ellas determinadas actividades y adoptar medidas especiales para los ecosistemas frágiles, los arrecifes y los hábitats de las especies amenazadas.
Artículo 40. Responsabilidad. Quien cause un daño por contaminación marina responderá de él con arreglo a la legislación civil y penal. Los armadores de los buques que transporten hidrocarburos u otras sustancias peligrosas deberán suscribir el seguro o prestar la garantía que se reglamente.
Título VII. De la seguridad marítima y de la jurisdicción
Artículo 41. Piratería. Constituye piratería todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido con fines privados por la tripulación o los pasajeros de un buque contra otro buque o contra las personas y bienes a bordo, en alta mar o fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. Los buques de la Armada Sianesa podrán apresar a los buques piratas, detener a sus tripulantes y someterlos a los tribunales de la República.
Artículo 42. Otros delitos en el mar. La República perseguirá igualmente la trata de personas por mar, las transmisiones radiofónicas no autorizadas desde alta mar y el transporte clandestino de mercancías prohibidas, en cuanto lo permitan los tratados y el derecho de las naciones.
Artículo 43. Salvamento. Todo capitán está obligado a prestar auxilio a quien se encuentre en peligro en el mar, siempre que pueda hacerlo sin grave riesgo para su buque y su tripulación. El salvamento dará derecho a una recompensa, que fijarán los tribunales a falta de acuerdo entre las partes. El Estado mantendrá un servicio de búsqueda y salvamento marítimo.
Artículo 44. Naufragios y restos. Los restos de naufragios hallados en aguas sianesas se pondrán a disposición de la autoridad marítima. Los bienes de interés histórico o artístico pertenecen al patrimonio del Estado; los demás serán restituidos a sus propietarios, previo pago de los gastos y de la recompensa de salvamento.
Artículo 45. Policía marítima y derecho de visita. La policía de los espacios marítimos corresponde a la Armada Sianesa y a los demás cuerpos que el Consell General designe. Podrán visitar e inspeccionar los buques mercantes en el mar territorial, en la zona contigua y en la zona económica exclusiva cuando concurran sospechas fundadas de infracción de las leyes de la República, y adoptar las medidas de ejecución necesarias, que serán proporcionadas y respetuosas con la persona y los bienes.
Artículo 46. Persecución. La persecución de un buque extranjero por infracción de las leyes de la República podrá emprenderse cuando haya comenzado en sus aguas interiores, en su mar territorial, en su zona contigua o en su zona económica exclusiva, y continuar fuera de ellos siempre que no se interrumpa. Cesará cuando el buque entre en el mar territorial de otro Estado.
Artículo 47. Competencia judicial. Los tribunales de la República son competentes para conocer de los delitos y faltas cometidos en las aguas interiores y en el mar territorial, de los cometidos a bordo de buques sianeses en cualquier mar y de los demás que esta Ley y las leyes penales les atribuyan. Los abordajes, los salvamentos, las averías y los litigios sobre contratos marítimos se someterán a los tribunales marítimos que la ley organice.
Artículo 48. Infracciones y sanciones. Las infracciones de esta Ley y de sus reglamentos se clasifican en leves, graves y muy graves y se sancionarán con multa, retirada de la licencia, decomiso de las artes, de las capturas y de los buques, e inhabilitación, con arreglo a la graduación que se reglamente. La detención de buques y tripulaciones extranjeros se levantará con prontitud mediante fianza razonable.
Título VIII. De la administración del mar
Artículo 49. Consejo del Mar. Se crea el Consejo del Mar, órgano consultivo del Consell General, integrado por representantes de los ministerios competentes, de la Armada, de las cofradías de pescadores, de los armadores y de los establecimientos científicos. Informará los proyectos de reglamento y los planes de ordenación de los espacios marítimos.
Artículo 50. Puertos. Los puertos de interés general son bienes de dominio público del Estado. Su administración corresponde a las Juntas de Puertos, que dependerán del Ministerio competente, y su uso se rige por las tarifas y reglamentos que el Consell General apruebe. La policía de los puertos corresponde a la Capitanía Marítima.
Artículo 51. Capitanías marítimas. Las Capitanías marítimas, dependientes de la Armada, ejercerán en cada puerto y en su litoral las funciones de registro, inspección de buques, seguridad de la navegación, salvamento y policía marítima que esta Ley y sus reglamentos les atribuyen.
Artículo 52. Cartografía y datos. El Estado mantendrá el servicio hidrográfico y cartográfico, publicará las cartas náuticas y el derrotero de las costas, y llevará un registro de las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas en los espacios marítimos.
Título IX. De la delimitación y de las relaciones con otros Estados
Artículo 53. Delimitación. Cuando las costas de Sia y las de otro Estado estén situadas frente a frente, o sean adyacentes, y los espacios marítimos de ambos se superpongan, la delimitación se hará por acuerdo entre los Estados interesados. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra solución, ninguno podrá extender su mar territorial, su zona económica exclusiva ni su plataforma continental más allá de la línea media equidistante de los puntos más próximos de las líneas de base respectivas.
Artículo 54. Convenios. El Consell General queda autorizado para negociar, con aprobación del Parlament, tratados con los Estados vecinos sobre delimitación de los espacios marítimos, derechos de pesca, cooperación contra la piratería, protección del medio marino y navegación en los estrechos.
Artículo 55. Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o aplicación de esta Ley y de los tratados marítimos con otros Estados se resolverán por medios pacíficos, mediante negociación, mediación, conciliación o arbitraje, conforme a lo que cada tratado establezca.
Disposiciones adicionales, transitorias y finales
Disposición adicional primera. El Consell General publicará en el plazo de un año las cartas de las líneas de base y los límites de los espacios marítimos de la República.
Disposición adicional segunda. Las referencias que otras leyes hagan a las aguas jurisdiccionales se entenderán hechas a las aguas interiores y al mar territorial definidos en esta Ley.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas las ordenanzas, usos y disposiciones de rango inferior que se opongan a esta Ley.
Disposición transitoria primera. Los buques que a la entrada en vigor de esta Ley enarbolen el pabellón de Sia sin estar inscritos dispondrán de un plazo de un año para matricularse en el Registro Marítimo.
Disposición transitoria segunda. Las concesiones, licencias de pesca y autorizaciones otorgadas con anterioridad subsistirán hasta su vencimiento, y no podrán prorrogarse sin ajustarse a esta Ley.
Disposición final primera. Se faculta al Consell General para dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley y para actualizar las cuantías de las tasas y de las sanciones.
Disposición final segunda. Esta Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de Sia.
Dado en Altavent, a 15 de marzo de 1943.
JOSAN SOUL, Síndic General. JONATHAN CASTELLVÍ FERRER, Presidente del Consell General.